Reflexiones en clave de TIC: Smart Cities y Videovigilancia

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A día de hoy perseguimos que todo sea inteligente: teléfonos, tabletas, televisores, ropa, accesorios… incluso nuestras ciudades.  En nuestra obsesión porque la eficiencia gobierne todos los ámbitos de nuestra vida, nos hemos rodeado de cámaras y dispositivos capaces de vigilarnos y monitorizar todas nuestras actuaciones, tanto en nuestra esfera pública (con fines de seguridad, persecución de delitos o control del tráfico) como en nuestro ámbito privado (en aras a nutrir nuestro quantified self). 

Numerosas tecnologías convergen para, teóricamente, hacernos la vida más fácil (hasta puede resultarnos útil que nuestros televisores graben nuestras conversaciones privadas). Bajo la premisa de que con un mayor conocimiento de las necesidades de los ciudadanos podremos articular mejores formas de abordarlas, las Smart Cities se perfilan y van tomando forma.  Sensores inteligentes y cámaras de videovigilancia realizan el seguimiento automático de objetos y sujetos, dando paso a “soluciones inteligentes” que permiten prevenir delitos, encontrar aparcamiento e incluso ahorrar energía.  Para ello únicamente es necesario recabar grandes cantidades de datos de sus ciudadanos y procesarlos a través de técnicas de Big Data, relegando algunas veces, a un segundo y molesto plano, la ponderación del impacto real de tales actuaciones en sus derechos fundamentales.

Cuando pienso en Smart Cities y videovigilancia me viene inevitablemente a la cabeza el Panóptico de Bentham. Jeremy Bentham, (filósofo británico del siglo XVIII), ideó una arquitectura carcelaria- de forma circular, con aristas interiores – el Panóptico (del latín pan-, todo; -óptico, visión), cuyo objetivo era permitir que un guardián situado en una torre, en el centro de la estructura, pudiera vigilar constante y simultáneamente a todos los presos, sin que éstos supieran en qué momento estaban siendo realmente vigilados. Bastaba con inducir a los reclusos la “sensación” de estar siendo observados para que ellos mismos se “autovigilaran” y, consiguientemente, modificaran su comportamiento. Un sistema mucho más eficiente (aunque sólo fuera por el ahorro en personal) que ha inspirado la construcción de cárceles, hospitales, escuelas y fábricas.

Panóptico Bentham

Ahora ya no hablamos de cárceles u hospitales, sino de ciudades enteras. Con la proliferación de las cámaras de videovigilancia, nuestras ciudades son candidatas a convertirse en auténticos Panópticos digitales, en los que los ciudadanos podemos ser vigilados y monitorizados en tiempo real en nuestras actividades diarias; casi sin darnos cuenta. Pero, a diferencia de lo que ocurría con el Panóptico de Bentham, nuestros datos se harán accesibles no sólo a nuestros “guardianes”, sino a una multiplicidad de entidades tanto públicas como privadas, quienes tendrán “plena legitimidad” para utilizarlos con o sin nuestro consentimiento (ya que los poderes públicos siempre encontrarán una “buena razón”, para legislar y excepcionar la necesidad del consentimiento de los ciudadanos para el tratamiento de sus datos, en aras al magnánimo interés público), o bien éstos serán procesados “anónimamente”, mediante inocuas técnicas de Big Data, por lo que aquél tampoco será necesario.

¿Modificará todo ello nuestro comportamiento?

El pasado 15 de enero tuve el gran placer de moderar la mesa redonda sobre Smart Cities y Vídeovigilancia en la II Edición de los Diálogos TIC, organizados por la APEP (Asociación Española de Profesionales de la Privacidad) en la sede del COETIC (Barcelona). Bajo el título “Smart Cities: videovigilancia, Internet de las cosas (IoT) y Big Data dio comienzo un diálogo abierto al público asistente, estructurado en tres mesas, en el que – por segundo año consecutivo- técnicos y juristas compartieron reflexiones e inquietudes, generando un interesante debate sobre distintas realidades tecnológicas- videovigilancia, IoT y Big Data y los retos que su convergencia en las Smart Cities presentan para la privacidad y la protección de datos.

Con ponentes de la talla de los Dres. Ricard Martínez (@ricardmm) y Gemma Galdón (@gemmagaldon)  la videovigilancia fue protagonista de la primera mesa, a raíz de su utilización en las ciudades inteligentes. A la pregunta de ¿cuál es el coste legal, político y social del uso de estas tecnologías? se inició un animado e interesantísimo diálogo en el que ambos ponentes desgranaron los principales retos a los que nos enfrentamos con la utilización masiva de estas tecnologías, y el consiguiente impacto para la privacidad y demás derechos fundamentales de los ciudadanos.

Gemma Galdón abordó el coste social y político de la videovigilancia, y su utilización como elemento de mejora efectiva de la seguridad. Frente a determinadas bondades del sistema, también cuestionó la eficiencia de las políticas de seguridad basadas en la utilización de estos sistemas (falsos positivos, ineficacia de los sistemas de reconocimiento facial), tanto en términos económicos como de resultados. Con ejemplos concretos, expuso cómo tales políticas, además de ser ineficientes en sociedades seguras como la nuestra, acaban modificando nuestros comportamientos, citando al efecto un estudio realizado en Reino Unido en el que el 30 % de los entrevistados delegó sus responsabilidades cívicas al saberse vigilados. También puso de manifiesto el elevado grado de incumplimiento normativo por parte de los poderes públicos, el cual – bien por desconocimiento, negligencia o dificultad para llevarlo a término- roza la abultada cifra del 70 %.

Por su parte, Ricard Martínez nos deleitó con una brillante y aguda exposición de la evolución del marco jurídico de la videovigilancia en España, poniendo de manifiesto la confusión existente en cuanto a la interpretación del marco legislativo actual, carente de referencias válidas, lo que le ha llevado,  a raíz de la entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, a plantear una serie de consultas a la Agencia Española de Protección de Datos, aún pendientes de contestación. Entre las cuestiones más comentadas por los asistentes, su ámbito de aplicación, los límites de la excepción de ámbito doméstico, el tiempo de conservación de los datos o las cesiones que permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una jornada de gran interés que dejó- como no podía ser de otra manera- muchos puntos para la reflexión y el ulterior debate.

Si deseamos ciudades inteligentes, para ciudadanos inteligentes, deberemos comenzar por articular- también de forma inteligente– mecanismos respetuosos con la privacidad y la protección de datos de sus residentes.  Principios como el de proporcionalidad o minimización de datos; privacidad en el diseño y por defecto, el uso de PETs, y la valoración del impacto en la privacidad de cada tecnología a implementar devienen imprescindibles para garantizar nuestros derechos. También imprescindible la concienciación de las administraciones públicas (frente a un imparable open data), empresas privadas y ciudadanos. No hemos de olvidar que nosotros somos la fuente pero también el destino de dicha información, en forma de bienes y servicios siendo el ciudadano quien finalmente decide, con mayor o menor conciencia. En consecuencia, no enfoquemos el debate sobre las Smart Cities únicamente sobre estándares más menos adecuados para la interoperabilidad de sistemas y dispositivos; hablemos también de cómo elaborar políticas y procesos que sean “interoperables” y garantistas con nuestros derechos.

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Carmen Casado Ticmotions

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